Se conoce como ​Ley de la Segunda Oportunidad al proceso administrativo que tiene como objetivo que una persona física o autónomo que no puede hacer frente a sus deudas tenga una segunda oportunidad y pueda rehacer su vida sin tener que arrastrar deudas que difícilmente pueda pagar.

Se trata de una herramienta que permite cancelar o renegociar la forma en que se devolverán las deudas para que la persona afectada pueda hacer frente a sus gastos de vida diarios.
Este procedimiento está regulado por la por la Ley 25/2015 de mecanismo de segunda oportunidad y reducción de carga financiera y aunque no es aún muy conocida en España, esta ley se viene aplicando en otros países de la Unión Europea o Estados Unidos.

¿Cuál es el perfil de las personas que se acogen a esta Ley de la Segunda Oportunidad?

El perfil de las personas que acuden a esta Ley de la Segunda Oportunidad suelen ser particulares o autónomos de entre 45 y 60 años que se encuentran en una situación económica muy complicada.
Los afectados suelen ser en su mayoría hombres, representando casi un 56% de los casos, mientras que las mujeres ocupan el 44% restante. Lo que sí es cierto es que el alrededor del 65% de las personas que se encuentran en esta situación cuentan con una familia, por lo que podríamos decir que este procedimiento no afecta solamente a una persona, sino que se trata de la economía de un grupo familiar.

¿Cuáles son los motivos principales por los que surge este endeudamiento?

Existen dos motivos principales muy concretos:

Bache económico o incapacidad para gestionar las deudas

La crisis económica sigue afectando desde hace años a miles de familias y particulares que han visto en la financiación la única salida para poder llegar a fin de mes. A menudo, se solicitan créditos sin tener en cuenta las condiciones de devolución o simplemente llegan a esta situación por una mala gestión de los ingresos.
Normalmente, este tipo de créditos son de una cuantía elevada y fáciles de obtener pero suelen esconder condiciones para su devolución casi abusivas. Los intereses suelen ser muy elevados, por lo que la capacidad de pagarlos se vuelve muy limitada. Y si a este escenario le sumamos la escasa capacidad de ahorro que existe hoy en día, nos encontramos ante una situación en la que, no solo hay una falta de ingresos, sino que además escasean los fondos para hacer frente a las deudas acumuladas.

Autónomos que han fracasado empresarialmente

Más de la mitad de los afectados que se acogen ala ley de la segunda oportunidad son autónomos que se han enfrentado a un fracaso empresarial. Como consecuencia, muchos tienen deudas con la Seguridad Social o Hacienda debido a la falta de liquidez y tesorería en su negocio.
Los autónomos están obligados al ingreso de cuotas y demás recursos de financiación del Sistema de la Seguridad Social durante el periodo voluntario de pago. De no hacer efectivos los pagos en su tiempo, se inicia automáticamente la vía ejecutiva que implica recargos e intereses.

Gracias a un fallo del Tribunal Supremos de 2 de julio de 2019, los tipos de deuda que pueden cancelarse por la Ley de la Segunda Oportunidad se amplía a los créditos públicos. Este fallo otorga la capacidad a los tribunales de exonerar un porcentaje que puede llegar a superar el 70% de las deudas con Hacienda y Seguridad Social, en algunos casos, y de ordenar, limitar y cuantificar el fraccionado de los pagos del resto de la deuda.

En definitiva, la Ley de la Segunda Oportunidad ofrece una vía de salida a muchas situaciones económicas de endeudamiento insostenibles, ocasionadas por un fracaso empresarial o por una mala gestión derivada de la crisis económica. Acogerse a esta ley ofrece una segunda oportunidad no solo a personas físicas o empresarios, sino también a las familias que se ven afectadas de forma indirecta por estas circunstancias.

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